La economía colaborativa no está exenta de riesgos. Una mala utilización puede dar lugar a competencia desleal, falta de protección de datos…
La economía colaborativa es la del presente y, con casi toda certeza, la del futuro. Para 2025, se estima que generará más de 80.000 millones de euros de ingresos en Europa. Esto suponen 55.000 millones más que e 2015. Está claro que el mercado de la economía colaborativa se está expandiendo a un ritmo frenético. Sin embargo, es muy importante regularlo para evitar situaciones perjudiciales o ilegales.
Los datos
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) en 2018 realizó un estudio que confirmaba que el 57% de los españoles había utilizado alguna vez una plataforma de este tipo en el último año. Además, añadía que el 60% tenía intención de utilizarlas en el futuro.
Dentro de este informe, destacaba que las apps de este tipo más utilizadas eran las de compra-venta de productos. Por ejemplo, Wallapop o Milanuncios contaban con el 47% de los usuarios. Por otro lado, también encontrábamos las de estancias cortas durante vacaciones, como AirBnb. Además, compartían usuarios con las de compartir vehículo, como BlaBlaCar. Un 11% de los encuestados las utilizaban.
Por último, encontrábamos las de alquiler de habitaciones o pisos compartidos, como Badi o Habitoom (5%). También, destacaban las apps de contratar servicios de canguro para mascotas y para alquilar productos entre personas que se encuentran en la misma zona. En este caso, Dogbuddy y Ralendo se llevaban el 3% de los usuarios.
Las plataformas digitales favorecen el intercambio constante de bienes y servicios entre particulares. Sin embargo, este auge requiere una serie de regulaciones.
La novedad de este auge trae consigo, también, la aparición de la competencia desleal. En otras palabras, son empresas que ofrecen sus servicios o productos como particulares. Además, podemos encontrar diferentes incongruencias en el mercado sin regulación, falta de protección de datos de los usuarios o los derechos laborales de los trabajadores contratados.
Por todos estos motivos, es necesaria una regulación que procure mayores beneficios sociales económicos, así como, transparencia.
